Una investigación con garantías

Tras haber empezado a digerir la masacre, y con la vista puesta en los funerales del 1 de septiembre, lo prioritario ahora es esclarecer qué ocurrió en el MD-80 del vuelo JK 5022 de Spanair (ahora JK 5024 por decisión de la compañía). En un país medianamente normal, la aerolínea, junto con el Ministerio, se pondrían a trabajar conjuntamente para acelerar el proceso y facilitar el trabajo a la justicia. Ya que los muertos nunca volverán, al menos las familias tienen el derecho a saber qué pasó y cómo perdieron a sus seres queridos y, sobre todo, a que se depuren responsabilidades.

Digo en un país normal, porque en éste, ya empiezan a aparecer signos que, lejos de contribuir a generar confianza en la investigación, contribuyen a introducir aún más incertidumbre sobre el accidente. Sería demasiado atrevido pensar en algún tipo de maniobra malintencionada por parte de Spanair, pero las continuas imprecisiones de la compañía en asuntos tan poco complejos como la hora a la que se produjo al accidente, que la empresa señala como las 14:45 a pesar de que la primera llamada al 112 se produjo a las 14:25, o el mutismo ensordecedor de la empresa ante los familiares que, indignados, abandonaron la reunión con Spanair en la que los ejecutivos de la compañía pretendían darles explicaciones, no hacen presagiar nada bueno.

Todo eso unido a la precaria situación de la empresa, y a las cartas a las que ha tenido acceso El Mundo, en las que la sección sindical del SEPLA de Spanair avisa mensualmente desde abril de 2007 de que "el caos operativo está poniendo en riesgo al pasaje", nos llevan a todos a preguntarnos qué pasó entre el aborto del primer despegue y el accidente. Hay incluso víctimas que mandaron mensajes de texto a sus familiares diciendo que había pedido que se les cambiara de vuelo y que el piloto no quería despegar. Es más, inquieta pensar si el riesgo en los vuelos de los últimos meses de la compañía ha sido mayor que el riesgo medio de cualquier otra aerolínea.

Se impone que Spanair contribuya a esclarecer este suceso, con transparencia y sin la opacidad torticera tan nuestra, tan española. Y las Administraciones Públicas y la Justicia, tienen la obligación de no hacer la vista gorda y tener la voluntad incansable de que los muertos descansen en paz y de que los vivos podamos confiar en la seguridad aérea.